La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa «Vialidad». Esta decisión, tomada el 10 de junio por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, genera una profunda conmoción y un rechazo masivo, al considerarse una clara interferencia del Poder Judicial en la política y un atentado contra la institucionalidad democrática.
El fallo, que ratifica una condena en un juicio de 17 años con serias irregularidades y denuncias de falta de debido proceso, imposibilita la candidatura de Fernández de Kirchner a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, anunciada el mismo mes. Esta maniobra, denunciada como proscripción, limita el derecho del electorado a elegir y profundiza una preocupante tendencia a la restricción de derechos políticos.
La condena, en un contexto de creciente hostigamiento a la oposición y en plena campaña electoral, se interpreta como un intento de disciplinar políticamente a una figura clave del peronismo. Se argumenta que la causa «Vialidad», en vez de perseguir corrupción genuina, busca penalizar políticas públicas que beneficiaron a la población, como la AUH, la estatización de empresas estratégicas y la inversión en educación y tecnología.
Numerosos analistas e instituciones señalan la falta de independencia judicial, destacando la presunta relación entre jueces de la Corte y el gobierno anterior de Mauricio Macri, incluyendo el escándalo del viaje a Lago Escondido. Mientras tanto, otras investigaciones por corrupción o espionaje ilegal contra dirigentes de otros partidos políticos permanecen estancadas o son rápidamente archivadas.
El Interbloque Sekista manifiesta su solidaridad y apoyo inclaudicable a Cristina Fernández de Kirchner, víctima de una maniobra judicial que pretende silenciar la voz del pueblo argentino.