En la última sesión del Concejo Deliberante se presentó un proyecto de resolución manifestando su preocupación ante la compleja situación que atraviesan la gran mayoría de los jubilados, las jubiladas, pensionados y pensionadas en nuestro país.
La situación de los jubilados en Argentina es crítica. Según datos del INDEC, la pobreza entre mayores de 65 años se duplicó en el primer semestre del gobierno de Javier Milei, pasando del 17,6% al 29,7%. Más del 66% de los adultos mayores cobran la mínima ($307.431,93 en mayo, con bono incluido), apenas superando la canasta básica.
El congelamiento del bono desde marzo y el fuerte aumento de tarifas y medicamentos (hasta 240% en 2024 según CEPROFAR) agravan la situación. PAMI, además, redujo el acceso a medicamentos gratuitos.
El presidente Milei minimiza el problema, argumentando que los jubilados son el segmento etario con menor pobreza. Si bien es cierto que la pobreza juvenil es mayor (60,7%), la realidad para millones de adultos mayores es la precariedad económica. El gobierno justifica su política en la necesidad de un sistema previsional sostenible, cuestionando las moratorias que permitieron jubilaciones sin los aportes completos. La eliminación de la última moratoria en marzo dejó a muchos sin posibilidad de acceder a una pensión.
A pesar del ajuste, el gasto previsional sigue siendo alto (cerca del 10% del PBI), y el gobierno argumenta que el sistema actual es insostenible, impulsando reformas que, según la oposición, profundizan la crisis para los jubilados más vulnerables. Propuestas para aumentar haberes y recuperar la moratoria se discuten en el Congreso. Mientras tanto, la lucha por una jubilación digna continúa.