Un proyecto presentado en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se manifiesta la más absoluta preocupación por la eliminación del subsidio estatal a la Fundación de Hemofilia, poniendo en riesgo la atención de más de 4.800 pacientes en todo el país y reflejando la crisis del sistema público de salud.
El proyecto presentado denuncia la decisión del gobierno de Javier Milei, a través del Secretario de Salud Mario Russo, de no continuar con el subsidio anual de 1.500 millones de pesos a la Fundación de Hemofilia. Este subsidio representaba el 70% de su presupuesto y garantizaba la atención integral a pacientes con hemofilia y otras coagulopatías en todo el país a través de una red de más de 30 centros de tratamiento.
La medida amenaza con desmantelar una institución emblemática, con más de 80 años de historia, reconocida mundialmente por su modelo de atención. La falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad del trabajo de un equipo médico de excelencia y deja a miles de pacientes sin acceso al tratamiento especializado que necesitan.
Sin recursos, se estima que en menos de tres meses la Fundación no podrá pagar a sus profesionales, lo que resultará en el cese de sus actividades. La fundación depende de este subsidio desde el año 2002 y su eliminación se suma a la preocupante tendencia de recortes en el sistema de salud pública, con otros casos críticos como el del Hospital Garrahan.
El proyecto presentado exige al gobierno una reconsideración urgente de la medida, instando al diálogo para encontrar una solución que priorice la salud de los pacientes. Se destaca la necesidad de una «economía de salud» que garantice la atención médica, más allá de la eliminación de los denominados “fondos discrecionales”, ya que el último subsidio otorgado fue de $400 millones (con $193 millones pendientes), tras 24 años de financiamiento ininterrumpido.
La Fundación de Hemofilia ha lanzado una campaña de donaciones a través del alias SOMOS.FUNDACION.FH (Banco Nación). La iniciativa del Concejo Deliberante busca visibilizar la situación crítica y presionar al gobierno para que revierta esta decisión que impacta directamente en la vida de miles de argentinos.