El Honorable Concejo Deliberante de Ensenada expresó su preocupación y su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas por el Presidente de la Nación, Javier Milei, durante su intervención en el Consejo de las Américas, donde volvió a cuestionar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y responsabilizó a la denominada “marea verde” por la disminución de la natalidad en la República Argentina.
El proyecto, presentado por el Interbloque de Concejalas y Concejales Sekista, sostiene que las expresiones realizadas por el Presidente el pasado 20 de agosto constituyen manifestaciones “agraviantes y profundamente estigmatizantes” contra el movimiento de mujeres que durante décadas luchó por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
Durante su exposición, Milei vinculó la disminución de la natalidad con consecuencias económicas y previsionales y cuestionó al movimiento que impulsó la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Frente a estas declaraciones, el Interbloque reivindicó la histórica lucha protagonizada por mujeres, organizaciones feministas, profesionales de la salud, docentes, estudiantes, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad.
La resolución destaca que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo constituye el resultado institucional de décadas de organización, movilización y lucha, y recuerda que se trata de un derecho reconocido por una ley nacional sancionada el 30 de diciembre de 2020, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posterior, en el marco de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.
En este sentido, el proyecto advierte sobre la preocupación que genera que desde el Poder Ejecutivo Nacional se intente instalar la idea de que las mujeres que ejercieron su derecho a decidir sobre su propio cuerpo sean responsables de problemas estructurales vinculados con la economía, el crecimiento poblacional o el sistema previsional.
Asimismo, se señala que la disminución de la natalidad responde a múltiples factores sociales, económicos, culturales, laborales y educativos. Entre ellos, menciona las dificultades para acceder a una vivienda, la precarización laboral, los costos de crianza, las transformaciones en los proyectos familiares, el acceso a métodos anticonceptivos y las decisiones autónomas de las personas respecto de la maternidad y la paternidad.
La resolución reivindica, además, que en una sociedad democrática la maternidad debe ser deseada y producto de una decisión libre, y no una obligación impuesta por el Estado, por una determinada concepción religiosa, por necesidades económicas o por objetivos demográficos.
Por otra parte, el proyecto advierte que eliminar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito profundizaría las desigualdades existentes, al generar una mayor diferencia entre quienes pueden acceder a una atención segura y quienes quedan expuestas a prácticas clandestinas e inseguras.