En la última sesión, este cuerpo legislativo aprobó un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la pronta promulgación e implementación de las Leyes Nacionales Nº 27.795 (Financiamiento Universitario), Nº 27.796 (Emergencia en Pediatría) y N° 27.793 (Emergencia Nacional en Discapacidad).
Estas leyes representan una «hazaña parlamentaria», lograda tras el debate por insistencia en ambas Cámaras del Congreso, y son respaldadas por el clamor ciudadano expresado en las calles, especialmente tras los vetos decretados por el Presidente Javier Milei.
Financiamiento Universitario y Salud Pediátrica: Las leyes de Financiamiento Universitario, destinada a garantizar la sostenibilidad y excelencia de las universidades públicas, y la de Emergencia en Pediatría, enfocada en el acceso oportuno y de calidad a la salud de niños, niñas y adolescentes, fueron sancionadas en agosto y vetadas el 10 de septiembre. El argumento oficial se centró en el supuesto desequilibrio fiscal.
Emergencia en Discapacidad: La Ley Nº 27.973, sancionada inicialmente en junio, busca optimizar prestaciones y actualizar aranceles para personas con discapacidad y sus prestadores. El Ejecutivo Nacional, al no promulgarla y devolverla al Congreso argumentando la falta de partidas presupuestarias (Decreto 681/2025), vulnera los principios republicanos al condicionar la ejecución de una ley sancionada.
El reciente rechazo a los vetos por parte del Congreso marca un claro revés al rumbo de decisiones que, lamentablemente, dejan en la incertidumbre a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ante la profunda crisis que atraviesa el país, resulta imperioso que el Gobierno Nacional garantice el pleno ejercicio de derechos para estudiantes, familias, trabajadores de la salud y personas con discapacidad. La excusa presupuestaria no puede traducirse en el abandono de responsabilidades constitucionales.